El estado del sur de Guerrero se transformó en la octava entidad mexicana en legalizar la interrupción del embarazo hasta la décima segunda semana de gestación. El Congreso estatal aprobó la reforma del Código Penal el pasado martes con 30 votos a favor, en 13 en contra, una abstención y un voto nulo.
Los congresistas acordaron la reforma del Código Penal estatal y despenalizaron el aborto en Guerrero. Este es uno de los 32 estados de México que posee uno de los mayores registros de abusos sexuales contra las mujeres y que más embarazos de adolescentes presenta.
Antes de la reforma no se permitía el aborto voluntario y había penas de uno a tres años de cárcel por la interrupción del embarazo. Había causas permitidas que eran la violación, la inseminación artificial no consentida y por problemas de salud o alteraciones genéticas del bebé. Por supuesto que los colectivos de mujeres, activistas y políticos celebraron esta reforma como una “victoria” y también hubo grupos que estaban en contra de esta reforma y que protestaron contra los diputados.
La congresista del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Beatriz Mojica, consideró la decisión como un “gran avance en el derecho a decidir” y le dijo a la televisión que en los próximos meses se van a adecuar las leyes alternas para ajustarlas al Código Penal.
En marzo el Congreso de Sinaloa aprobó la interrupción del embarazo como en la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Baja California y Colima. Todavía quedan 24 congresos estatales que deben discutir la despenalización del aborto. Estas decisiones de los congresos se producen después de que la Suprema Corte de México sentenciara en septiembre que era inconstitucional la penalización del aborto y estableciera que los estados no tienen competencia para definir el origen de la vida.